¿Debe responder penalmente el consejo de administración de una sociedad farmacéutica cuando la muerte del paciente se debe a la imprudencia de un subordinado?

El problema de la figura de la delegación en la Responsabilidad Penal Empresarial

Estudio de Caso Hipotético. El consejo de administración de una sociedad farmacéutica, compuesto por cinco virólogos de mucha experiencia, encarga a Lucas, también virólogo, la organización y dirección de un proyecto de investigación de una nueva vacuna, poniendo a su disposición un laboratorio y medios financieros para contratar a personal especializado. El consejo depositó toda su confianza en Lucas, por lo que no intervinieron ni exigieron información alguna relativa a su gestión. Lucas yerra gravemente en la elección de un paciente para los ensayos clínicos y el paciente muere ¿Responde de su muerte el consejo de administración? 

Muchos dirán que Lucas es un sujeto en sí mismo responsable, por lo que las consecuencias derivadas de sus acciones son de su exclusiva responsabilidad. Sin embargo, sostener aquello implica desconocer un aspecto fundamental del Derecho Penal Empresarial, esto es, que dentro de esta rama del derecho operan reglas que permiten sancionar penalmente, también, a aquellas personas que detentan el cargo de superior jerárquico. En palabras sencillas, los “jefes” igualmente pueden responder. En términos generales, el consejo de administración tiene una posición de garante respecto a los riesgos que la actividad productiva pueda acarrear, es decir, al ser la principal figura de gestión en el ámbito de organizacional de una empresa, tienen la obligación de prevenir y evitar posibles consecuencias nocivas para terceros, por lo que, si no evita aquello, pudiendo hacerlo, serían penalmente responsables. 

¿Qué es la delegación? ¿Si existe delegación, por qué el consejo de administración debe responder?

En adición a lo anterior, el caso expuesto constituye un ejemplo de la figura de la delegación empresarial, entendiendo por tal como la institución mediante la cual el administrador (delegante) transfiere su competencia al subordinado (delegado), siendo este último quien pasa a asumir la posición de garante, es decir, quien debe prevenir y evitar los riesgos en la empresa. En ese contexto, todo parece indicar que la delegación se efectúo de forma correcta, pues, por un lado, el consejo realizó una adecuada selección del delegado, donde la profesión del candidato permite acreditar la preparación y capacidad profesional para el cargo y, por otro, el delegado tiene suficiente autonomía, puesto que, entre otras cosas, se le dotó de los medios financieros y materiales suficientes para realizar su gestión 1 . Ahora bien, a pesar de haber efectuado una delegación correcta, aquello no supone que el consejo de administración tenga una especie de inmunidad en su responsabilidad, habida cuenta de que en la delegación empresarial rige el principio de desconfianza, vale decir, el consejo mantiene una posición de garante residual manifestada mediante la conservación de los deberes residuales de vigilancia y control sobre el ámbito delegado 2 . En ese sentido, el consejo incumple sus deberes de vigilancia y control, por ejemplo, por no exigir información periódica alguna relativa a la gestión del delegado.

¿El consentimiento del paciente en los ensayos clínicos es fundamento suficiente para exonerar a los implicados?

Por otra parte, resulta insuficiente y erróneo tratar de exonerar a los autores mediante el fundamento de que el paciente prestó su consentimiento para los ensayos clínicos, puesto que la figura del consentimiento, en este caso, siempre debe estar unida a la aplicación de un procedimiento institucional correcto, el cual falla en el instante en que se selecciona a una persona inadecuada para los ensayos clínicos. Por consiguiente, Lucas debe responder del delito contemplado en el artículo 491 del Código Penal, pues causó la muerte del paciente por una negligencia culpable en el desempeño de su profesión. Asimismo, el consejo de administración debe responder del delito contemplado en el artículo 492 del Código Penal, ya que, mediante imprudencia, incurre en una omisión incumpliendo sus deberes de vigilancia y control respecto del delegado, permitiendo o favoreciendo la producción del resultado mortal en el paciente. 


Por último, la solución exhibida encuentra respaldo en el derecho comparado, pues el Tribunal Supremo español ha señalado: “El directivo es responsable por omisión si no ejerce las facultades de control que le correspondan sobre el subordinado y su actividad, o no actúa para impedirla”. 3

Javier Martinez AbogadoJavier Martínez Morales:
Abogado de la Universidad de Valparaíso.

Master universitario avanzado en ciencias jurídicas por la universitat Pompeu fabra de Barcelona.

  1. ROBLES PLANAS, RICARDO, “Imputación del delito económico a personas físicas (I). Tipo objetivo”. En Lecciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa (España: Atelier Libros Jurídicos, 2020): 134.
  2. Ibíd, 135.
  3. SSTS 1193/2010 y 852/2012.

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