Infracciones al toque de queda.

A raíz de la situación de pandemia que vive el país, desde el año pasado el Ministerio Público comenzó a perseguir penalmente a quienes infrinjan las normas sanitarias dispuestas por la autoridad para resguardar la salud de la población. Esto se tradujo en la aplicación indiscriminada del delito establecido en el artículo 318 del Código Penal, el cual sanciona al que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado.

¿Y esta norma respeta la actual Constitución?

Surgió así una primera discusión acerca de si esta norma respeta o no la Constitución, en el sentido de que la conducta que describe es tan amplia que no satisface determinados requisitos constitucionales, ya que según algunos sería una ley penal abierta, donde la conducta es “completada” por el juez o la autoridad administrativa, y no por la ley, lo cual es inaceptable dentro de un Estado democrático de Derecho.

Con el paso del tiempo, la mayor cantidad de personas formalizadas o acusadas penalmente por este delito fueron aquellas que eran sorprendidas incumpliendo el horario de toque de queda dispuesto por la autoridad, y que además no contaban con el respectivo salvoconducto para transitar en la vía pública en ese horario. Esta sola conducta era, según el criterio de la Fiscalía, suficiente para configurar el delito del artículo 318 del Código Penal.

¿Qué ocurre con las condenas al delito del artículo 318?

Este criterio ha cambiado drásticamente en el último tiempo, a raíz de una serie de sentencia dictadas por la Corte Suprema de Justicia, en los cual el máximo tribunal acogió recursos de nulidad presentados por las defensas de personas condenadas, y acto seguido dejó sin efecto las condenas previamente impuestas. El argumento principal de la Corte Suprema para su decisión es que el delito del artículo 318 es lo que en teoría se conoce como un “delito de peligro hipotético”, donde es necesario que el acusador (es decir, la Fiscalía) pruebe además que la conducta perseguida puso en riesgo la salud pública. Por ende, no basta con probar que una persona incumplió el horario de toque de queda, ya que ello no es delito, a menos que se prueba algo adicional que afecte a la salud pública, como por ejemplo: que la persona estaba contagiada por COVID-19, que debía cumplir cuarentena preventiva, que se encontraba reunida con un grupo de personas sin distanciamiento social, etcétera.

¿Y qué pasa en los tribunales?

En la práctica, estos fallos de la Corte Suprema han llevado a que los tribunales dicten el sobreseimiento definitivo de estas causas, descongestionando así el número de casos que conocen los tribunales. Esto no implica, por cierto, un relajo en la aplicación de las normas sanitarias, dado que quien incumple el horario de toque de queda de todas formas deberá ser multado y sancionado por el respectivo SEREMI de Salud; ello forma parte de la responsabilidad administrativa que ese incumplimiento genera.

En definitiva, a pesar de este nuevo criterio, la recomendación es la de seguir cuidando nuestra salud y la de nuestras familias, evitando incumplir el horario de toque de queda, ya que si bien ello no es un delito, de todas formas es una conducta que será sancionada administrativamente, con multas de elevada cuantía.

Sebastian Caceres abogadoSi te gustó este artículo, compártelo con tus contactos en las redes sociales. Y si tienes alguna duda o comentario, escríbenos de inmediato. Recuerda que este blog es patrocinado por InteligenciaLegal, una empresa de abogados y servicios jurídicos con sede en Valparaíso y Viña del Mar.

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