La mediación en las negligencias médicas

Cada día son más frecuentes las demandas por negligencias médicas, las que van dirigidas en contra de personal médico y en contra de personas jurídicas, tales como clínicas del sector privado, o bien en contra del Fisco, cuando la negligencia se produce en un hospital público. En todos esos casos, los demandantes alegan la existencia de una mala praxis médica, es decir, de un incumplimiento de los protocolos de actuación que tiene el personal médico, y que fueron la causa de un daño sufrido por algún paciente.

A fin de evitar la excesiva judicialización de estos temas, la ley N° 19.966 creó un sistema de mediación previa y obligatoria en el ámbito de la responsabilidad médica. Con ello, se estableció como un requisito previo de la presentación de una demanda de indemnización de perjuicios, que la parte demandante haya previamente agotado el procedimiento de mediación, pues de lo contrario su demanda no se admitirá a tramitación.

¿Qué es, entonces, la mediación?

Es un procedimiento que busca evitar un juicio, y alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas. Está a cargo de un mediador, quien tratará de acercar las posiciones de las partes, y alcanzar acuerdos parciales o totales respecto de los temas que se debaten. Así, por ejemplo, las partes podrían negociar en la mediación el monto de una indemnización a pagar a favor de la persona afectada, ahorrándose todo el proceso judicial que implica la presentación de una demanda, cuyos resultados tardan en producirse y son totalmente inciertos.

Tratándose de reclamos en contra de establecimientos de salud públicos o sus funcionarios, que integran las Redes Asistenciales, la ley previó que la mediación se desarrolla «ante el Consejo de Defensa del Estado», el que, de conformidad a la misma ley, puede designar como mediador a uno de sus funcionarios, a otro funcionario en comisión de servicio o a un profesional que reúna los requisitos legales para ser mediador. En el caso de reclamos en contra de prestadores de salud privados (clínicas, centros médicos, laboratorios, profesionales, etc.), el proceso de mediación, de acuerdo a la ley, se desarrolla «ante mediadores acreditados por la Superintendencia de Salud» y designados de común acuerdo por las partes en conflicto, quienes, además, deben pagar los honorarios de los mediadores que elijan.

Para estos efectos, el mismo cuerpo legal dispuso la existencia de un Registro de Mediadores, a cargo de la citada Superintendencia.

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