¿Qué hacer con los abusos sexuales?

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abuso sexualEn los últimos años se ha visto en Chile una explosión de denuncias relacionadas con la supuesta comisión de delitos de connotación sexual, particularmente en contra de menores de edad. Dentro de la amplia gama de conductas que pueden afectar la indemnidad sexual de una persona, una especial complejidad tiene el denominado delito de “abuso sexual”, que a diferencia del delito de violación, se caracteriza por ejecutarse mediante contactos corporales que no dejan una huella física en el cuerpo de la víctima. Estos delitos se caracterizan, además, por la circunstancia de que ellos no son denunciados inmediatamente por los afectados, sino bastante tiempo después y luego de sufrir una reiteración de conductas abusivas similares.

El problema principal radica en el estándar que tienen los tribunales de justicia para dar por acreditada la comisión de un delito de abuso sexual, dada la ausencia de “prueba directa” en la mayoría de los casos. Se trata de un delito que generalmente ocurre “entre cuatro paredes”, con la sola presencia de la víctima y el victimario, y sin que intervengan testigos que puedan ratificar o descartar la ejecución del hecho. Lo anterior ha llevado a que, en la práctica judicial, se recurra a la opinión de psicólogos que analizan los relatos de los menores y emiten conclusiones acerca de la veracidad o falta de veracidad de sus relatos.

Y es en este punto donde se agudizan los problemas. Ya que la experiencia ha demostrado que no existe ni en Chile ni a nivel mundial una metodología absolutamente confiable para la realización de estos peritajes psicológicos. Ello aumenta indebidamente el riesgo de dictarse sentencias condenatorias respecto de personas inocentes, con la agravante de que las penas asociadas a este delito implican que ese inocente deberá cumplir su sanción totalmente privado de libertad, aún cuando en muchos casos carezca de antecedentes penales anteriores.

Como respuesta a esta situación, la mayoría de los abogados defensores ha intentado contrarrestar estos peritajes psicológicos (elaborados por instituciones públicas) con la opinión de otros psicólogos particulares que hagan una revisión del relato de las supuestas víctimas, que en la mayoría de los casos corresponden a menores de muy corta edad. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales de justicia ha coartado esta posibilidad, al negar a los peritos de la defensa el acceso directo a las víctimas, argumentando para ello que esta nueva entrevista sólo produciría una “revictimización” del menor afectado.

Esta situación nos parece grave, ya que constituye un verdadero impedimento a que el acusado por esta clase de delitos pueda ofrecer prueba de descargo a su favor, y logre una situación de efectiva “igualdad de armas” en el proceso penal. El Estado, en consecuencia, monopoliza a la víctima e impide de esa manera que la defensa acceda a la fuente directa de información, lo que explica claramente el elevado número de condenas de dudosa calidad jurídica que se han dictado en estas materias.

Una estrategia elaborada por los abogados defensores para hacer frente a este complicado escenario, ha sido la de cuestionar ya no el relato mismo de la víctima (a la cual, como vimos, difícilmente se tiene acceso) sino la coherencia de la metodología empleada por los peritos del Ministerio Público para llegar a sus conclusiones. Esto es lo que se conoce como “metaperitaje”, es decir, un peritaje elaborado por un perito de la defensa respecto del peritaje psicológico elaborado por el Ministerio Público. La práctica judicial, lamentablemente, ha demostrado que los tribunales de justicia en la mayoría de los casos no le brindan un gran valor probatorio a estos metaperitajes, considerándolos más bien como elementos accesorios a la decisión del juicio.

Es decir, y a modo de conclusión, podemos señalar que, a menos que haya una evidente anomalía en el relato del menor supuesta víctima de un delito de abuso sexual, las posibilidades de acción del abogado defensor en el desarrollo del juicio oral son extremadamente limitadas, debiendo por lo mismo redoblar sus esfuerzos por demostrar la inocencia del cliente que le ha tocado representar.

El panorama, como se puede apreciar, es bastante sombrío para la defensa, y no cambiará hasta que se logre, por una parte, un aumento en las exigencias que pongan los jueces a los peritajes psicológicos presentados por el Ministerio Público y que, por otra parte, se logre concientizar a los tribunales de justicia acerca de la necesidad de que el acusado, a través de sus abogados y peritos, pueda tener acceso directo a entrevistar al menor supuestamente afectado, a fin de respetar debidamente el principio de igualdad de armas entre las partes del proceso penal.

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