Terrorismo en Chile

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Los últimos sucesos noticiosos y e investigaciones judiciales que hemos conocido recientemente por los medios de comunicación social han resucitado la aplicación de la Ley 18.314, de 1984, que sanciona los actos y conductas terroristas. Según esta ley, el elemento esencial del delito terrorista en la finalidad política que persigue, ya que a través de él se busca “producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”.

La criminalización del terrorismo es una forma de protección de la democracia frente a actos que ponen en riesgo el sistema político en su totalidad. De ahí que la misma ley otorgue a los fiscales a cargo de estas investigaciones facultades extraordinarias, como por ej.: la posibilidad de ampliar la detención hasta por 10 días, antes de formalizar al imputado; la declaración en juicio de testigos y peritos con identidad reservada, sin que la defensa del acusado tenga acceso a sus datos, e incluso el cambio de identidad de aquellos testigos que hayan declarado en esta clase de juicios.

Por otra parte, estos delitos tienen penas altísimas, que fácilmente pueden llegar al presidio perpetuo en los casos más graves, sin perjuicio de que también se sancione la mera conspiración y la asociación para cometer un delito terrorista, todo lo cual sería impensable respecto de delitos “comunes y corrientes”. Asimismo, la ley permite la delación compensada, es decir, que un imputado pueda rebajar sustancialmente su pena (hasta en 10 años) en el evento de que proporcione información que permita evitar un delito terrorista, o bien identificar y detener a sus responsables.

Como se trata de una figura legal excepcional, debe ser empleada con prudencia por los fiscales a cargo de la investigación, a fin de evitar que por esta vía se vean vulnerados los derechos de las personas investigadas por estos hechos, en particular su garantía constitucional a un racional y debido proceso.

 

Sebastian Caceres abogadoSi te gustó este artículo, compártelo con tus contactos en las redes sociales. Y si tienes alguna duda o comentario, escríbenos de inmediato. Recuerda que este blog es patrocinado por InteligenciaLegal, una empresa de abogados y servicios jurídicos con sede en Valparaíso y Viña del Mar.

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