Allanamientos en domicilios particulares.

¿Cuando es válido que la policía (ya sea Carabineros o la Policía de Investigaciones) ingrese a un domicilio particular en razón de la investigación de un delito? Lo cierto es que todo ingreso a un recinto privado por parte de agentes policiales vulnera diversas garantías constitucionales, principalmente la inviolabilidad del hogar y la propiedad privada, establecidas en nuestra Constitución Política de la República.

Como se trata de actuaciones que afectan a derechos fundamentales, la regla general es que la policía no pueda ingresar a recintos privados, salvo 3 excepciones contempladas en la legislación:

  • Cuando el propietario o residente del domicilio lo autoriza previamente: En este caso, es la propia persona que ocupa el inmueble privado quien permite el ingreso de funcionarios policiales. La autorización debe ser previa al ingreso de los funcionarios policiales, y debe ser expresa. Usualmente, con posterioridad al término del procedimiento policial, se levanta un documento o acta oficial donde se registra el consentimiento dado por la persona a cargo del inmueble.
  • Cuando el ingreso ha sido autorizado por una resolución judicial: en esta segunda hipótesis, es un juez quien autoriza el ingreso al domicilio. Esto se aplica, por ejemplo, cuando el propietario o residente previamente requerido se ha negado a dar su autorización, o bien cuando tomar contacto con los ocupantes del inmueble frustraría los objetivos de una investigación policial (porque permitiría la fuga de las personas investigadas o el ocultamiento de pruebas y elementos esenciales para el éxito de la investigación). La resolución del juez, en este caso, se otorga por este última en forma verbal a un fiscal del Ministerio Público, sin perjuicio de que posteriormente se debe dejar constancia escrita de dicha resolución.
  • Cuando en el interior del inmueble se está cometiendo un delito flagrante, existiendo signos evidentes de ello; o bien, cuando hay señales claras de que en el interior del inmueble se están destruyendo elementos que son esenciales para la investigación de un delito. En tales casos, la policía puede ingresar de manera inmediata al domicilio, sin esperar una resolución judicial ni la autorización de los ocupantes del recinto. Sin perjuicio de lo anterior, después de terminado el procedimiento policial, deberán informar al fiscal de turno del Ministerio Público, para que éste adopte las diligencias de investigación que estime pertinentes.

Finalmente, cabe aclarar que cuando la ley se refiere a un “recinto privado”, puede tratarse de cualquier inmueble donde more o habite una persona, por ejemplo: una casa, un departamento, una habitación de un hotel, una oficina, las bodegas de una empresa, etcétera.

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