A raíz de los cambios sociales que se están desarrollando en Chile, ha surgido una nueva área de mayor demanda para los abogados, que dice relación con la protección jurídicas del patrimonio de las personas. Cada vez cobra mayor demanda el establecimiento de estrategias legales que permitan a las personas protegerse frente a las intrusiones de terceros (incluido el Estado) dentro de su patrimonio.
¿Qué es el patrimonio?
Para estos efectos, hay que recordar que en el concepto de patrimonio se consideran los ingresos y egresos de las personas, como también sus activos y pasivos. Los objetivos de los servicios jurídicos en este ámbito son 2:
- evitar la disminución o pérdida de bienes de una persona;
- evitar el aumento de las deudas de una persona.
Así, las materias que en los próximos meses aumentarán de demanda entre los abogados serán, por ejemplo:
- Demandas de precario, que es la acción judicial que interpone el dueño contra el ocupante ilegal de un bien raíz;
- Demandas de terminación de contratos de arrendamiento por no pago de la renta;
- Redacción de testamentos;
- Celebración de contratos destinados a transferir la propiedad de bienes raíces;
- Juicios de partición de bienes que actualmente forman parte de una comunidad;
- Solicitudes de liquidación voluntaria de los bienes de una persona natural o empresa;
- Asesorías tributarias a personas naturales y empresas, con el objeto de disminuir su carga tributaria.
- Juicios de indemnización de perjuicios por expropiación de bienes
¿Y en esto como puede influir la Convención Constituyente?
También debemos considerar que en la Convención Constituyente se discutirá un nuevo catálogo de garantías fundamentales, y dentro de ellas, deberá discutirse la garantía fundamental del derecho de propiedad, el que en el Constitución Política actual se consagra en el artículo 19 numeral 24. Si bien hoy contamos con una protección constitucional muy amplia al derecho constitucional, creemos muy probable que en la nueva Carta Fundamental se reduzca la protección que se le da a este derecho, el que probablemente quedará subordinado a los intereses colectivos. Ello significará, por ejemplo, que se eliminen las indemnizaciones a los propietarios en caso de expropiaciones, o al menos que se reduzcan sensiblemente los montos de las indemnizaciones a pagar por el Estado; asimismo, que algunos bienes que actualmente se consideran “privados” (como por ej: el derecho de aguas o las pertenencias mineras) se eliminen o se reduzcan dramáticamente.
Como se ve, el patrimonio y su protección jurídica será uno de los principales desafíos que deberán asumir los abogados de nuestro país en los próximos años.
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