En el artículo de hoy, deseo contarles de un caso que me tocó asumir hace unas semanas:
Un cliente llegó a nuestra oficina señalando que había tomado conocimiento de que se habían celebrado sin su consentimiento diversos contratos con diferentes empresas. Específicamente, terceros desconocidos, quienes suplantaron su identidad, abrieron una cuenta corriente en un Banco, y luego contrataron servicios a su nombre con diferentes empresas, pactándose en dichos contratos un servicio de pago automático de cuentas (conocido habitualmente como PAC). Al transcurrir los meses, los cargos de este servicio se fueron descontando de la línea de crédito asociada a dicha cuenta corriente.
Una vez que se agotaron los fondos de esa línea de crédito, uno de las empresas con las que se habían celebrado estos contratos envió estos antecedentes a un Boletín Comercial.
Nuestro cliente se dio cuenta de esta situación cuando fue a pedir un crédito directo para la compra de un vehículo, el cual fue rechazado por la automotora por figurar con morosidades en el Boletín Comercial.
¿Qué hacer frente a este caso?
Lo primero que decidimos como parte de la asesoría profesional fue denunciar los hechos al Ministerio Público, por el delito de usurpación de identidad.
Asimismo, realizamos un reclamo a la fiscalía del Banco de la cuenta corriente y de las empresas de servicios contratados, y además se realizó una denuncia a la Comisión para el Mercado Financiero, donde solicitamos que se nos entregara copia de todos los contratos supuestamente celebrados por nuestro cliente.
Finalmente se presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra de las referidas empresas por infracción a la Ley de Protección al Consumidor, ya que entendemos que es responsabilidad de estas empresas establecer mecanismos de seguridad que impidan que terceras personas sean perjudicadas por actos de suplantación de su identidad.
La moraleja es clara.
Para las personas, es importante evitar la pérdida de documentos personales, y bloquearlos de inmediato si ello ocurre. Y para las empresas, es fundamentar contar con herramientas de seguridad que impidan la celebración de contratos falsos por parte de supuestos vendedores.
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